Así lo informó durante un acto en el Cuartel San Carlos
FGR: hay 101 personas privadas de libertad
por hechos de violencia ocurridos desde el 12F
(Caracas, 16 de julio de 2014) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó, este miércoles 16 de julio, que actualmente existen 101 personas privadas de libertad por las manifestaciones violentas ocurridas en el país desde el 12 de febrero hasta el 30 de junio del presente año.
Así lo dio a conocer durante un acto efectuado en el Cuartel San Carlos, antigua prisión política ubicada en la parroquia Altagracia del municipio Libertador de Caracas, donde explicó que, de esa cifra, 14 son funcionarios de organismos de seguridad y solo seis son estudiantes.
Recordó que durante estos hechos de violencia han fallecido 43 venezolanos, de los cuales 9 eran efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana, y un fiscal del Ministerio Público.
Por otra parte, en relación con el supuesto estado de aislamiento de Leopoldo López, quien permanece detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares por su presunta vinculación con los hechos de violencia registrados el 12 de febrero, Ortega Díaz informó que designará un fiscal con competencia en Protección de Derechos Fundamentales para constatar la situación, puesto que el Ministerio Público es “respetuoso y garantista de los derechos humanos, así como también, vela porque se cumpla el debido proceso”, afirmó.
Cabe recordar que se ordenó el enjuiciamiento de López, tras ser acusado por el Ministerio Público por presuntamente ser determinador en los delitos de incendio y daños, así como por instigación pública y asociación para delinquir.
Caso María Machado
Al ser consultada sobre las declaraciones de María Machado (46) acerca de su supuesta imputación, la Fiscal General aclaró que desconoce tal hecho y puntualizó que “una imputación es un acto formal, a través del cual de forma clara y específica el Ministerio Público informa a la persona la circunstancia de modo, tiempo y lugar en el que desarrolló una conducta que está tipificada como delito en el ordenamiento jurídico venezolano, y eso no ocurrió en este caso”.
Asimismo, resaltó que la imputación es un acto exclusivo de los fiscales y se desarrolla de forma expresa.
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