En un nuevo síntoma de la
putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, el Congreso
destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de
papeles que agudiza la crisis multidimensional que vive el país y consolida el
altísimo descrédito hacia la clase política. La fragilidad democrática
asombra ojeando el decadente ocaso de los últimos seis mandatarios: todos
terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no
llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.
Faltando sólo cinco meses para
las elecciones presidenciales, y en un segundo intento, se concretó la moción
de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo de
2018 luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era
su vice. La acusación bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral” se basó
en presuntas coimas en la licitación de dos obras públicas cuando
Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014), en una investigación que
recién está en etapa preliminar. Quien impulsó la jugada fue el empresario
ganadero Manuel Merino (foto), titular del Congreso ahora devenido en
nuevo presidente, y fue ejecutada por un Parlamento que tiene 68 de los 130
legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. La turbia
maniobra express instaló la idea de un golpe de Estado -al estilo de los
derrocamientos parlamentarios que sufrieron Dilma en Brasil y Fernando Lugo en
Paraguay- y generó un masivo repudio en las calles con desenlace incierto.
El episodio no hizo más
que acelerar la espiral autodestructiva de un sistema político cada vez
más deteriorado, marcado por una corrupción endémica y un constante choque
de poderes. Una profunda crisis política, moral, económica y encima sanitaria:
Perú es el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus.
Una trama compleja cuya expresión más nítida es el desdichado destino de los
presidentes en los últimos 20 años:
Alberto
Fujimori (1990-2000): Símbolo de una época, devenido en dictador con
el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde
renunció vía fax un día antes de que el Congreso aprobara su destitución. En
2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.
Alejandro
Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30
millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres
años prófugo de la Justicia en California, Estados Unidos, donde fue arrestado
en julio de 2019 y cumple arresto domiciliario mientras se espera su extradición.
Alan García (1985-1990 /
2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último
mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la
construcción de un tren, se pegó un tiro en abril de 2019 cuando la Policía lo
estaba por detener.
Ollanta Humala (2011-2016): En
julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por lavado de
activos y asociación ilícita para delinquir, acusado de recibir tres millones
de dólares de Odebrecht para su campaña. Pese a estar en libertad condicional a
la espera del juicio, anunció recientemente su candidatura presidencial para
2021.
Pedro Pablo
Kuczynski (2016-2018): Renunció un día antes de que el Congreso
votara su destitución y se convirtió en el primer presidente latinoamericano en
perder su cargo por la trama de corrupción de Odebrecht. Está bajo arresto
domiciliario por presunto lavado de dinero y por recibir 782.000 dólares
de la empresa brasileña.
Vencedores vencidos
El capítulo Vizcarra, sexto
presidente seguido que cae en desgracia, es diferente al resto y su salida
huele más a golpe parlamentario. Si bien su breve gestión no se corrió de
la continuidad neoliberal y su política exterior se mantuvo alineada a
Washington, intentó impulsar algunas reformas anticorrupción y en 2019
disolvió el cuestionado Congreso convocando a nuevas elecciones. Sin partido ni
legisladores propios, Vizcarra quedó en la mira de una mayoría parlamentaria
(electa en enero de este año) que le terminó pasando factura, apelando a la
difusa figura de "vacancia por incapacidad moral” que sirve como mecanismo
destituyente sin necesidad de largos debates ni mucha solidez argumentativa.
Se cierran dos décadas en las que
el Perú fue noticia por los recurrentes escándalos que sacudieron a sus
presidentes; espasmos de la crisis orgánica de un régimen moldeado por la
Constitución de Fujimori de 1993. Se abre, en el corto plazo, el desafío de que
en las elecciones de abril el descontento popular finalmente pueda ser
capitalizado por alguna fuerza progresista, como Nuevo Perú liderado por
Verónika Mendoza. Se impone, como meta de largo aliento, el deseo de que el
pueblo peruano, como en su vecino Chile, pueda tumbar esa pesada herencia
fujimorista y empezar a escribir una nueva historia.
*Gerardo Szalkowicz es
editor de NODAL y conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.
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