¿REDUCIR LA TALLA DEL ESTADO?
Luis Britto García
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Soslayemos por un momento el ya agobiante tema de los medios ilegítimos por los cuales la oposición aspira al poder legítimo: golpe de Estado, magnicidio, asesinato masivo de funcionarios electos o partidarios de éstos, intervención extranjera, destrucción de la economía del país. Para decidir si el fin justifica los medios, concentrémonos en lo que proyecta hacer una vez tomado el poder.
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Si buscamos coincidencias entre la atomizada oposición, encontraremos quizá una: la reducción del gasto público y de la talla del Estado. Éste es el representante de la Nación, la cual es a su vez una realidad cultural: un conjunto de valores compartidos, y la voluntad de unirse para garantizar su perduración. El aparato estatal monopoliza la represión considerada legítima, rige la defensa, legisla, juzga, administra los bienes y los servicios públicos. En nuestro país asume tareas en las cuales el sector privado no ha sido particularmente exitoso: la educación, la salud, la vivienda popular, la alimentación. El Estado promueve y mantiene la vialidad, los servicios sanitarios, la explotación de los principales recursos naturales.
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La polémica sobre la parte del producto social que debe asumir el Estado y la talla ideal de éste es en realidad un debate sobre la economía. Los ideólogos neoliberales pretenden que a menor talla del Estado, mayor desarrollo. Pero en los países desarrollados, el Estado protege, estimula y a veces financia la economía, y consume magnitudes del PIB muy superiores a las que apropian los sectores públicos de los países menos desarrollados.
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Para verificarlo consultemos las estadísticas acopiadas por el Equipo Banco Mundial sobre “Gasto de consumo final del gobierno general (% del PIB)”. Para el año 1960, la media mundial es de 13,7% del PIB; para 2015, es de 17,1% del PIB. La participación de los Estados en el PIB no ha hecho más que crecer. A título de ejemplo, incluimos los datos de algunos países para 2015: Alemania 19,4%, Estados Unidos 14,3%, Finlandia 24,6%, Francia 23,9%, Israel 22,3%, Italia 19,0%, Japón 20,4 %, México 12,3%, Rusia 19,1%, Venezuela 12,01%. También, según la misma fuente, la proporción del PIB que consume el Estado es en líneas generales proporcional al grado de desarrollo. En los Países de ingreso alto, los más desarrollados, el Estado consume en líneas generales un 18,2% del PIB. En los Países menos desarrollados (según clasificación de la ONU), consume en promedio apenas 11,9%.
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Así, la talla económica del Estado, aun calculada en forma muy restrictiva, tiende a crecer con el tiempo y en forma aproximadamente proporcional al grado de desarrollo, casi el doble en los países de ingreso alto que en los países menos desarrollados; y se aproxima a una quinta parte de todo el PIB mundial. Debemos tener en cuenta una vez más que las magnitudes citadas se refieren al “Gasto de consumo final del gobierno general”, vale decir, a las erogaciones anuales del gobierno, pero no comprenden los vastos recursos patrimoniales adscritos al Estado, ni tampoco las erogaciones que éste efectúa a través de entes bajo su control directo o indirecto, tales como institutos autónomos, empresas del Estado, empresas mixtas, fundaciones públicas y otros. Si tomamos en cuenta todos los factores citados, resultaría razonable estimar que el Estado ocupa cerca del 40% de PIB de los países desarrollados. Y el gasto público, según veremos, se sitúa cerca de tal magnitud. La superestructura estatal no es un adorno, una decoración superflua ni un residuo: consume, retiene, produce y redistribuye parte considerable de la producción social.
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Sobre esta preponderancia del gasto público en los países desarrollados en comparación con el de los países de América Latina y el Caribe conviene citar in extenso el informe de la Organización del Comercio y el Desarrollo EconómicoPanorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017( Éditions OCDE,Paris). Dicho documento afirma; “El estado es mucho más pequeño en promedio en la región de América Latina y el Caribe que en los países de la Organización del Comercio y el Desarrollo Económico. El gasto público alcanza 31% del PIB en promedio en los países de ALC, comparado con 41.5%en los países de la OCDE; sin embargo, la diferencia está disminuyendo. Entre 2007 y 2014 el gasto aumentó en 4.7 puntos porcentuales en la región de ALC, en comparación con un aumento del 2.5 p.p.en la OCDE. En 2014, los gobiernos de ALC gastaron alrededor del 8.7% del PIB en beneficios sociales (por ejemplo, educación, salud y pensiones), mientras que esta cifra fue del 16.9% en el área de la OCDE. A su vez, para el mismo año los países de ALC emplearon menos personas como porcentaje del empleo total (12.4% en ALC y el 21.6% en los países de la OCDE). En 2014 la inversión del gobierno como porcentaje del PIB alcanzó el 2.6% en los países de ALC en comparación a un promedio del 3.2%en la OCDE.
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Estas cifras son elocuentes. Según vimos, el gasto público alcanza 31% del PIB en promedio en los países de ALC, comparado con 41.5% en los países de la OCDE: son más de diez puntos de diferencia. Los países de mayor desarrollo son por lo general aquellos en los cuales el Estado ocupa una mayor porción del PIB. Sólo el aparato superestructural del Estado ocupa entonces más del 40% del PIB en los países más desarrollados.
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¿Cómo se puede entonces exigir a los países de América Latina y el Caribe que para desarrollarse reduzcan el tamaño del Estado, cuando la talla de éste es muy superior en los países desarrollados? Y sin embargo, no hay opositor, no hay neoliberal de caletre cuyo programa no incluya como artículo de fe la reducción de la talla del Estado, la reducción del gasto público, la privatización de todo, cuando, como hemos visto, los países desarrollados hacen todo lo contrario. Según bien decía Marx, la ignorancia nunca ha servido a nadie para nada.
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