Otro escándalo en Colombia
Por Masiel Fernández Bolaños
Bogotá, 18 ene (Prensa Latina) Revelaciones sobre seguimientos e interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), congresistas, jueces, gobernadores, periodistas y defensores de derechos humanos, es el más reciente escándalo que señala al Ejército colombiano.
La pesquisa, realizada por la revista Semana, hace referencia a un sofisticado sistema de espionaje utilizado por el Ejército a través de dos de las oficinas de inteligencia y contrainteligencia, durante el segundo semestre de 2019.
La investigación asegura que las operaciones se realizaban desde guarniciones militares para evitar allanamientos sorpresivos y filtraciones a la prensa.
Según Semana, este suceso habría precipitado la reciente salida del entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez.
Mientras, varias voces señalan que el Gobierno tenía conocimiento de lo divulgado por la revista.
‘Escucho al ministro de Defensa, Carlos Holmes. Dice que el Gobierno, una vez conocido el escrito de la revista Semana, ha ordenado iniciar las investigaciones. Señor ministro: el Gobierno, el propio presidente (Iván) Duque y la Fiscalía ya conocían de estos seguimientos ilegales’, expresó Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz del Senado.
‘Personalmente denuncié estos hechos ante el presidente de la República el 6 de julio de 2019 y ante la Fiscalía amplié esa denuncia el 29 de agosto. ¿Cómo así que ‘solo se tuvo conocimiento cuando leyeron Semana? Si lo niegan, si lo ocultan, ¿qué garantía hay de que desmantelen esos aparatos?’, apuntó.
‘No es cierto que el Gobierno no tuviera conocimiento de la situación de espionaje en las fuerzas militares. El 6 de julio de 2019, con los senadores Roy Barreras y Antonio Sanguino, le dirigimos una comunicación al presidente denunciando esa situación’, manifestó Iván Cepeda, de la Comisión de Paz del Senado.
Al respecto, la exsenadora Piedad Córdoba dijo que ‘cuando el Ejército de un país le hace seguimiento a un medio de comunicación, lo infiltra y luego les manda lápidas y sufragios a sus periodistas para intimidarlos, ya no son militares, son una banda criminal’.
En un comunicado, la CSJ rechazó los mencionados hechos que, ‘de comprobarse, constituyen un nuevo atenta-do contra la independencia judicial’, y se solidarizó con los periodistas, oficiales y funcionarios objeto de la vulneración de sus derechos fundamentales.
Ante la indiscutible gravedad de las denuncias, la CSJ convocó ‘al uso del máximo esfuerzo institucional para responder de manera urgente, contundente y definitiva a esta amenaza contra el Estado de Derecho del país’.
Asimismo, ratificó que ningún acto de seguimiento o intimidación contra algunos de sus magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo.
De otro lado, precisó, la aclaración sobre el alcance del hallazgo del artefacto en el despacho de uno de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción fue dejada en manos de la Fiscalía General de la Nación, organismo competente para investigar el caso.
Este último elemento expuesto por la Corte, hace clara referencia al hecho de que en los últimos días trascendió que un pequeño micrófono fue encontrado en el despacho del magistrado César Reyes.
El mencionado juez, miembro de la Sala de Instrucción de la CSJ, realiza la fase previa del proceso contra el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos.
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