Estación de la torre Telefónica en Caracas. Fotografía de Andrés Kerese
A principios de junio, unas 85 mil personas quedaron sin señal telefónica en Cumaná durante una semana. El asalto a una torre de telecomunicaciones de la compañía Digitel dejó sin cobertura a 70% de su clientela en la capital del estado Sucre, una ciudad de casi 400 mil habitantes en el oriente de Venezuela, donde el 14 de junio una persona murió y más de 400 fueron detenidas en saqueos y protestas por escasez de alimentos.
por Indira Rojas
José Luis Fernández, director comercial de Digitel, encabezó el equipo de técnicos encargados de restablecer el servicio. “Robaron la estación y destruyeron todo”, asegura el ingeniero mientras saca su celular del bolsillo y muestra las fotografías que capturó ese día. Dentro del recinto que resguarda la base de la antena, tres técnicos lucen preocupados porque los cables de transmisión de datos fueron robados. Otras imágenes reflejan evidencias de vandalismo: cableado cercenado y equipos desmantelados; las cajas de metal que resguardan las tarjetas de microchips quedaron abolladas. “Le cayeron a palazos a esta estación e incluso abrieron un boquete en la pared para entrar al autogenerador”.
Digitel reporta 42 estaciones inhabilitadas y en los días críticos hasta 100.000 clientes resultan afectados al mismo tiempo. Fernández explica que “80 estaciones fuera de servicio equivalen a cerca de 400.000 a 500.000 usuarios afectados, ya sea porque no tienen señal o empeora su calidad”.
Cada empresa cuenta con un centro de operaciones en Caracas que recibe las alarmas de las torres instaladas en todo el territorio nacional. Fotografía de Andrés Kerese
Si una torre de telecomunicaciones deja de operar, otra que esté conectada a ella puede absorber la señal aunque se genera embotellamiento de datos, precisa el vocero de Digitel. “Se caen las llamadas, entra ruido en la señal, o se escucha el teléfono ocupado. Cuando recibes el mensaje: ‘el número que está llamando no puede ser localizado’ es indicativo de congestión porque no hay capacidad para entregar la llamada”.
Los asaltos no sólo comprometen la señal de telefonía móvil y fija, también la conexión a Internet y los enlaces puntuales de datos para empresas, un recurso primordial para la banca. Según Víctor Martínez, gerente de redes de Telefónica, los servicios corporativos son cruciales en los poblados remotos, donde cadenas de farmacias, ferreterías y otros comercios se conectan en redes. Si se pierde la señal, colapsa la conexión de todo el sistema.
Movistar, filial de la española Telefónica, contabiliza hasta noviembre 636 robos –179% más que en 2015– en 360 estaciones: 48 torres no están operativas y otras 5 trabajan parcialmente. Al menos 15% de sus clientes perdieron el servicio o tienen dificultades para comunicarse por este déficit.
Aunque la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) no ha revelado cifras sobre asaltos a sus instalaciones, sí ha reconocido que “las acciones contra las redes telefónicas afectan los servicios de telefonía fija, móvil e Internet, tanto en residencias como en comercios” y “conjuntamente con los cuerpos de seguridad del Estado (…), trabaja para evitar actos de vandalismo que atentan contra los equipos de la empresa, y por ende contra el derecho de usuarias y usuarios a estar comunicados”, según una nota divulgada por la empresa en marzo de este año. Para este reportaje Prodavinci solicitó una entrevista a Manuel Fernández, presidente de Cantv, pero no obtuvo respuesta.
Hace dos meses se desplomó una torre de 40 metros de altura que Movistar y Cantv compartían en la zona industrial de El Guayabal, en Guarenas, a 38 kilómetros de Caracas. Los delincuentes que asaltaron la estación se llevaron hasta las tuercas que mantenían en pie la infraestructura.
Los últimos reportes de robo en estaciones de Cantv fueron publicados el 19 de diciembre. Según la compañía, vándalos asaltaron instalaciones en el centro de Valencia, capital del estado Carabobo, y otra torre en el sector Palo Negro, en Aragua.
Abundan anécdotas de ingenieros de las operadoras que han sido víctimas de robos en plena faena dentro de las estaciones. El director comercial de Digitel recuerda la historia de dos técnicos que intentaron reparar la antena de El Cercado, un pueblo ubicado a nueve kilómetros de Barquisimeto, capital del estado Lara, a finales de 2015. “Salieron corriendo espantados porque los delincuentes estaban todavía en el sitio”. En El Tostado, otro caserío larense, sus habitantes detuvieron a Fernández en seco cuando se dirigía a la torre. “Nos dijeron: ‘váyanse porque hay unos tipos allá que los están esperando’. Hay lugares donde la gente ya nos conoce y a veces nos prestan apoyo vigilando las estaciones. A la comunidad le interesa porque son los primeros afectados”. En otros casos, los pobladores piden dinero al personal de las telefónicas para permitir el acceso seguro a las instalaciones.
En la estación de Movistar en Barbacoa, estado Aragua, robaron los cables y dañaron los circuitos. Fotografía cortesía Telefónica-Movistar
¿Qué roban en las estaciones?
Víctor Martínez afirma que los sistemas de climatización, el cableado y el respaldo eléctrico son los dispositivos preferidos por el hampa. “Hay sitios en los que se llevan hasta las rejas de seguridad. Tenemos más de 40 estaciones fuera de servicio porque el nivel de destrucción es tal que ha sido imposible recuperarlas”, agrega. “Sabemos que hay crimen organizado detrás de todo esto”.
Grupos de delincuencia organizada que trafican con cobre roban los cables y conductores de electricidad y comunicaciones, refirió la Fiscalía en un comunicado. “El cobre, por ser un excelente conductor de electricidad y de comunicaciones, además por su valor en el mercado, se ha convertido en el material estratégico más hurtado en nuestro país, sin dejar de tomar en consideración que Venezuela no produce este metal, sino que por el contrario, importa grandes cantidades”, indica la nota.
El 17 de junio de 2013 se instaló el primer Encuentro Nacional para la Protección y Resguardo de Material Estratégico, donde participaron la fiscal general Luisa Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Wilmer Barrientos, jefe del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para la fecha; y funcionarios de Cantv, la Corporación Eléctrica Nacional, Petróleos de Venezuela y el Metro de Caracas.
En la reunión, Ortega Díaz propuso crear una comisión presidencial para coordinar acciones con la FANB y sugirió al Ejecutivo otorgar al Estado el control de las chatarreras que compran cobre y otros metales. Tres años después, el 3 de marzo de 2016, el mandatario Nicolás Maduro firmó un decreto presidencial para regular la adquisición de “residuos sólidos metálicos y chatarra de aluminio, cobre y hierro”, a través de empresas del sector público, para incorporarlos en la construcción de obras como la Gran Misión Vivienda Venezuela.
La Fiscalía asegura que en el país el robo de los cables de cobre es perpetrado por bandas organizadas. Fotografía de Andrés Kerese
Digitel también ha reportado pérdidas en cables de fibra óptica que suelen transmitir una gran capacidad de datos y conectan regiones enteras del país. Los delincuentes cortan el cable para llevárselo, pero cuando descubren que no son conectores de cobre los desechan.
Las baterías de respaldo eléctrico, fabricadas para infraestructura de telecomunicaciones, han sido adaptadas para instalarlas en vehículos con modificaciones mecánicas que admiten el voltaje de estos dispositivos, detalla Fernández. “Suponemos que con la poca disponibilidad de baterías, las usan para camiones y generadores. Lo que se llevan de las estaciones es material que pueden comercializar”. Actualmente, 40% de las estaciones de Digitel no cuentan con respaldo eléctrico. “Cuando se va la luz se cae el servicio”.
Las operadoras concentran el inventario de repuestos en estaciones neurálgicas, aquellas que son repetidoras y de las que dependen otros puntos. Sin embargo, el incremento de los actos delictivos los acerca al límite de su capacidad financiera para costear los equipos nuevos. Víctor Martínez afirma que “los componentes son importados y adquiridos con dólares, y es muy difícil acceder a las divisas para comprarlos”. Para recuperar las estaciones han invertido “más de 3.000 millones de bolívares y se han instalado enrejados y blindajes”.
Los robos se repiten en los mismos sectores. “A veces reponemos el servicio y al día siguiente vuelven a tumbar la señal. Perdemos capacidad de restituirla y la comunidad queda sin conexión”, apunta José Luis Fernández.
La estación Punta Cardón de Movistar, al norte del estado Falcón, permanece inoperativa . Fotografía cortesía Telefónica-Movistar
Han robado artefactos de la estación Punta Cardón de Movistar, ubicada en el municipio Carirubana al norte del estado Falcón, seis veces en lo que va de diciembre, dejando sin cobertura el centro de Punta Cardón, la comunidad de Cardón y la Zona Franca de Paraguaná. El 16 de diciembre la asaltaron por quinta vez, y aunque personal técnico de la empresa logró restablecer la cobertura, en menos de 48 horas la hurtaron nuevamente. Desde entonces no han podido restituir el servicio
En la zona industrial de La Victoria, en el estado Aragua a 72 kilómetros de Caracas, Movistar ha registrado 15 robos en lo que va de año, siete de ellos perpetrados en octubre. El costo de reposición de equipos y reparaciones acumula 35 mil millones de bolívares. “La estación ya parece un búnker porque la blindamos y le colocamos más concreto”, comenta el gerente general de redes de Telefónica. Sostiene que oriente es la zona más afectada del país, donde han ocurrido 155 asaltos a torres en 2016. Le sigue la Gran Caracas con 121 hurtos contabilizados desde enero hasta noviembre. “En los sectores aledaños a Caracas notamos más reincidencia de los robos: Valles del Tuy, Higuerote y Guatire. También en Maracay, Aragua”.
Digitel coincide con este patrón. Fernández explica que las zonas que reportan más asaltos se encuentran en el oriente venezolano, los Altos Mirandinos y Charallave. “En Cartanal (Valles del Tuy) intentamos mudar la estación porque ya no podemos reponer los equipos. Es una torre repetidora de la que dependen 14 estaciones: cuando dejan sin cobertura a Cartanal también se quedan sin señal a otros 14 sitios”.
Recuperar una instalación representa aproximadamente una inversión de 3 mil millones de bolívares. Fotografía cortesía de José Luis Fernández
¿Cuál ha sido la respuesta del Estado?
Las operadoras debatieron sobre el ataque a las antenas en las mesas de trabajo del Motor de Telecomunicaciones e Informática, en el Consejo Nacional de Economía Productiva, a principios de este año. El 4 de octubre, reunidos en la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el ministro Néstor Reverol presentó el Plan Estratégico para Servicio de Seguridad de Operadores de Telecomunicaciones, que establece los siguientes objetivos:
‒ Crear la Dirección de Seguridad para las Telecomunicaciones, adscrita al Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana para monitorear los delitos en las torres de las compañías.
‒ Habilitar el número 0800-ANTENAS (0800 2683627) para atender denuncias anónimas.
‒ Implementar un sistema de acompañamiento policial y militar para el resguardo de las antenas.
Los representantes de las compañías aseguran que la línea anónima está activa, y el trabajo con el ministerio ha servido para atrapar algunos delincuentes y contar con vigilancia en ciertas inspecciones de infraestructura robada. Sin embargo, ignoran por qué los delincuentes destruyen las antenas hasta dejarlas inhabilitadas.
A Fernández le sorprende la frecuencia y el alcance de los asaltos, que se extienden a todo el país. “El vandalismo no solo ataca a las empresas de telefonía, también a las estaciones de radio y televisión, y las torres de electricidad. Es un problema muy grave y nos afecta a todos”.
