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Adán Navas: Se ha marcado un hito en el país |
Credito: Correo del Orinoco |
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Un general implicado confesó su participación como parte de los autores materiales del asesinato de ocho dirigentes políticos en 1986
14 Mayo 2011 - Un nuevo lote compuesto por 14 uniformados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la antigua Disip, engrosan la lista de personas investigadas por la masacre de Yumare, ocurrida el 8 de mayo de 1986 en el estado Yaracuy. En esa fecha, fueron asesinados ocho dirigentes políticos y se intentó simular un enfrentamiento contra presuntos paramilitares.
La información fue dada a conocer por el profesional del derecho Adán Navas Nieves, abogado acusador de los familiares de las víctimas, quien agregó que estos nuevos investigados se suman a la lista de los 51 imputados que existen hasta el momento. Comentó que este nuevo proceso de pesquisaje comenzó la semana pasada, luego que el general de Alexis Sánchez, declarara su culpabilidad como uno de los autores materiales del suceso.
Puntualizó que al cumplirse 25 años de la masacre de Yumare el caso se encuentra en pleno desarrollo, más aún tras las declaración y precedente asentado el pasado viernes 6 de mayo cuando uno de los imputados confesó su responsabilidad.
“Se trata del general Alexis Ramón Sánchez Paz, quien admitió los hechos y además cooperó con la investigación. Este imputado, ahora sentenciado, hizo señalamientos hacia otras personas, además de los 51 imputados que existen hasta el momento”, acotó.
Dijo que se trata de altos oficiales de la actual Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como uniformados de la antigua Disip y del Teatro de Operaciones número 5 de la entonces Guardia Nacional. Algunos de estos investigados aún prestan servicio. Admitió el montaje realizado el sitio del suceso para simular un enfrentamiento.
Durante la audiencia preliminar, ocurrida el pasado viernes, el general Sánchez fue sentenciado a 26 años de prisión, pero tomando en consideración la admisión y reconocimiento de los hechos cometidos, además del principio de la delación aceptada en el Código Orgánico Procesal Penal la juez rebajó a 13 años el fallo. Este militar, pagará los años de privación de libertad en su residencia ubicada en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua, bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana.
Para el momento de los hechos, éste ciudadano ostentaba la jerarquía de coronel y era el comandante del Teatro de Operaciones número 5 con sede en Yumare, estado Yaracuy.
“Esta audiencia marcó un hito en la historia de los anales de la historia judicial, no sólo en nuestro país, sino en Latinoamérica, donde se han cometido genocidios”, sentenció.
El abogado expresó que el general Sánchez mencionó, entre algunos de los colaboradores del asesinato múltiple, al entonces director de la policía política del país comisario general Porfirio Valera, el ex ministro de Relaciones Interiores Octavio Lepage, al entonces presidente de Venezuela Jaime Lusinchi y al comisario general Henry López Sisco, sobre quien pesan imputaciones por diferentes masacres como ejecutor material.
ANTECEDENTES
Navas acotó que en 1986, a los pocos meses de darse la masacre, las autoridades de la época cerraron el caso y ordenaron iniciar una investigación en contra de los presuntos guerrilleros, pero que en realidad eran las víctimas. El tribunal castrense dictaminó que no había causa a seguir.
Fue en el consejo de guerra de Maracay, donde se sometió a votación que dio como veredicto el cierre. Sin embargo, el teniente coronel de la aviación Germán Rafael Vlasco Acevedo, para el momento canciller del consejo de guerra permanente de Maracay salvó su voto, considerando que no hubo enfrentamiento. Este oficial consideró, entre otros aspectos, que la indumentaria que le había colocado a los cadáveres estaba demasiado nueva y limpia, para haber pasado por un supuesto choque armado y no tenían perforaciones
Este voto salvado se convirtió en el abreboca, desde el punto de vista procesal, que llevó hasta el general que confesó su participación.
REFORZAR SOLICITUD DE EXTRADICIÓNAl referirse al caso del comisario general Henry López Sisco, el abogado acusador de los familiares de las víctimas informó que “inexplicablemente la república de Costa Rica no ha dado respuesta frente a la extradición solicitada hace un par de años por el gobierno venezolano”.
Añadió que tan pronto sea publicada la sentencia dictada contra el general Sánchez, la parte acusadora iniciará nuevas acciones, entre ellas, enviar a Costa Rica un nuevo petitorio de extradición basadas en las últimas declaraciones ofrecidas por el general Sánchez Paz.
Comentó que nunca antes, autor de masacre alguna, había reconocido sus hechos y mucho menos confesado el nombre de sus cómplices. Destacó que los familiares de las víctimas y la parte acusador solicitará copias certificadas de la sentencia al general Sánchez Paz, al tribunal que lleva la causa, así como copias de la parte de la declaración donde se da la admisión de los hechos y se señala la cooperación de tercereas personas, en especial, del comisario Henry López Sisco.
Con ese material en las manos, señalo el abogado, se va a reforzar la solicitud de extradición del referido prófugo de la justicia venezolana. “Vamos a acudir a la cancillería y al Tribunal Supremo de Justicia para reforzar la solicitud y manifestar al gobierno costarricense que sin lugar a dudas a quien albergan en su territorio es a un prófugo de la justicia venezolana”, dijo.
Navas señaló que es necesario que el colectivo sepa que las acusaciones contra Henry López Sisco no vienen solamente de parte del Gobierno Nacional y de sus representantes, sino además, de uno de sus cómplices en la comisión del genocidio. Para la próxima semana podrían adelantarse éstas diligencias, toda vez que el tribunal de San Felipe, en el estado Yaracuy publique la sentencia
El profesional en leyes expresó que, adicionalmente, los familiares de las víctimas, amigos y allegados no descartan la posibilidad de realizar otras acciones para ayudar al gobierno venezolano en el traslado al país del prófugo López Sisco. Explicó que la declaración del general Sánchez Paz se convierte en una plena prueba en contra del comisario general.
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